La urgencia de reconstruir

Carlos Cruz

La última reunión del Consejo de Políticas de Infraestructura dio espacio para realizar un detenido análisis del significado de los últimos acontecimientos que han afectado al país. Especial énfasis tuvo la condena generalizada a la violación de los derechos humanos, impropia en cualquier sociedad democrática. De igual forma, hubo acuerdo en condenar con rigor el devastador impacto que está teniendo la destrucción de la infraestructura, especialmente urbana, para la convivencia de los habitantes de nuestras ciudades.

En la ocasión se realizó un somero, pero contundente recuento del nivel de destrucción que ha afectado al Metro de Santiago y a los principales sistemas de transporte en las ciudades más relevantes, así como a centros urbanos de gran importancia, como los de Valparaíso y Concepción, y otros espacios públicos de uso habitual por parte de la comunidad; de la quema de numerosos locales comerciales y de otras señales de vandalismo, en un intento por dimensionar la magnitud del daño.

Los casi US$ 5 mil millones que ha identificado, en un primer recuento, la CCHC, quedan cortos cuando a ese daño material se suma el impacto que tiene en la vida de las personas, especialmente de sectores más vulnerables. Mayores tiempos de viaje, el desgaste a causa de cambios modales recurrentes, la sensación de inseguridad y amenaza, la imposibilidad de compartir en los espacios públicos y la profundización de las brechas entre diferentes zonas de la ciudad que con esfuerzo se han tratado de salvar, son efectos posiblemente tanto o más significativos que los que se ejercen sobre las obras físicas. A esto hay que agregar la pérdida de lugares de trabajo y la incertidumbre a las que muchos habitantes de las ciudades se verán enfrentados como consecuencia de los impactos sicológicos y económicos de este proceso de destrucción.

Si entendemos la ciudad como un espacio de encuentro fundamental, en el que la interacción entre unos y otros es un valor a potenciar porque constituye la esencia del ser social, el daño causado afecta precisamente al sentido mismo de la vida en sociedad que tanto hemos intentado mejorar. Abogamos por una ciudad democratizada, en la cual la infraestructura juegue un rol fundamental al permitir a todos sus habitantes el acceso a bienes de uso público de un estándar similar, de modo de –progresivamente- terminar con diferencias odiosas que no son sino el reflejo de deudas históricas que, como país moderno, hemos querido superar.

Atentar contra esa infraestructura, que tanto nos cuesta materializar, sólo tendría sentido en la medida en que no se valore el profundo componente social y democrático que las ciudades representan para sus habitantes, y se intente impedir que la convivencia se exprese en plenitud para llevar a cabo esa constante búsqueda de una sociedad en la que el todo sea más que la simple suma de sus integrantes.

Es una obligación ciudadana reconstruir a la mayor brevedad nuestras ciudades, tal vez recurriendo a otras propuestas y diseños, a formas de participación ciudadana que aseguren una mayor integración de los espacios urbanos, a soluciones más modestas y dimensionadas de acuerdo a nuestro nuevo estado patrimonial. Pero es fundamental demostrar nuestra capacidad de resiliencia, no sólo frente a las catástrofes naturales, sino también, ante este tipo de estallidos que ha encubierto formas de vandalismo cuyo único propósito es destruir lo que nos une.

Merecemos una nueva oportunidad y debemos trabajar rápido e intensamente para alcanzarla.